El panel discute la posibilidad de una intervención judicial en el cierre de la sala de prensa de la Casa Rosada ante un amparo presentado por periodistas damnificados. El reclamo busca restablecer el derecho a informarse y el ejercicio de la industria lícita de la prensa como lugar de trabajo.
Argumentan que el cierre viola derechos constitucionales de libertad de expresión protegidos por la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal, además de jurisprudencia de la Corte Suprema. El gobierno alega seguridad nacional por presunto espionaje, pero los analistas lo consideran desmedido y un retroceso democrático que interrumpe una tradición ininterrumpida.
El amparo está en el juzgado contencioso administrativo del doctor Edgar Walter Lara Correa con fiscal Walter Lara Correa. Lili Franco impulsa la medida para una resolución rápida. La justicia debe ponderar derechos en pugna y avalar el accionar de la prensa.