El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema para suspender la ejecución de la ley de emergencia en discapacidad, argumentando que daña la sostenibilidad fiscal y las finanzas públicas al comprometer 3 billones de pesos, más que el crédito disponible para todo el Estado de 2,3 billones.
El reclamo surgió de un colectivo en la Cámara Federal de San Martín el 21 de abril de 2026, donde se exigía cumplir la ley que compensaba pérdidas a prestadores por no aplicar inflación (pedían 70%, gobierno dio 29-35%) y aumentar por inflación desde enero, aunque persisten deudas de 3 a 6 meses con las instituciones.
Panelistas cuestionan los argumentos oficiales pese al superávit fiscal del 0,3% del PBI (278 mil millones), caída de recaudación por baja retenciones e importaciones, y pagos de deuda inminentes, mientras Adorni decía que todo está reglamentado pero no se aplica ni paga.
La ley buscaba compensar atrasos de dos años y garantizar pagos, pero el gobierno prioriza números macroeconómicos sobre necesidades de personas con discapacidad en contexto de actividad económica estancada.