El gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para frenar la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso. Insiste en que no puede afrontarla económicamente y pide un efecto suspensivo hasta que la Corte se expida.
Los panelistas critican duramente la medida como ilógica, antiética y anticonstitucional, argumentando que deja desprotegidos a personas vulnerables. Destacan que el 80% de los fondos salen de obras sociales y prepagas, solo el 20% del Estado, y que el gobierno usa excusas fiscales para no cumplir leyes.
Se menciona un amparo colectivo en San Martín para obligar su aplicación y un proyecto contra fraude en pensiones por invalidez con reempadronamiento obligatorio. Los conductores denuncian falta de sensibilidad, obligan a discapacitados a trámites humillantes y piensan que todos truchean certificados.
Acusan al gobierno de destrato descomunal a discapacitados, priorizando equilibrio fiscal sobre derechos, y advierten precedentes peligrosos para futuros gobiernos.