El doctor Damián Alegre detalla el proceso judicial de la ley de emergencia por discapacidad, aprobada por el Senado el 4 de septiembre de 2025 y promulgada el 22 con suspensión inmediata. Inició un juicio de amparo colectivo donde el Gobierno cuestiona la legitimidad de los demandantes y solicita recurso extraordinario a la Corte Suprema, que la Cámara podría convalidar por fundamentos de la Procuración.
Paralelamente avanza un camino legislativo con un proyecto en el Congreso contra el fraude en pensiones por invalidez para modificar la ley. Alegre describe esto como una "encerrona" para recortar gastos en discapacidad, generando ansiedad en familias afectadas.
El presupuesto para discapacidad surge del fondo solidario de redistribución, con el 3% del sueldo del trabajador y 6% del empleador, administrado por el Estado pero no proveniente de arcas públicas directas. Esto contrasta con reclamos sobre impacto fiscal.