La Ley de Bosques Nativos, sancionada en 2007, establece presupuestos mínimos para proteger bosques mediante ordenamiento territorial provincial en tres categorías: rojo (altísimo valor conservación, sin desmontes), amarillo (uso sostenible restringido) y verde (cambio de suelo permitido).
Impulsada por Greenpeace ante deforestación catastrófica en Salta y Santiago del Estero con topadoras, la ley creó un fondo para compensar provincias conservadoras, redujo desmontes y priorizó biodiversidad y servicios ecosistémicos sobre uso económico.
Reúne apoyo social masivo con más de un millón de firmas, obliga planificación previa a autorizaciones y exige penalidades a intendentes incumplidores, aunque persisten problemas de financiamiento, desmontes ilegales y tensiones producción-conservación.
Presentada como hito ambiental en "Hitos del Ambiente", frenó avance descontrolado pero requiere reformas para fortalecerla, no debilitarla, en debates actuales sobre regresiones ambientales.