El panel discute la necesidad de priorizar investigaciones judiciales por grandes sumas de corrupción como la Vialidad con 3.600 millones de dólares, en lugar de casos menores como el de Manuel Adorni, argumentando que los recursos judiciales son limitados y que los grandes desvíos equivalen a 15 hospitales.
Los participantes critican la lentitud de la justicia en causas como las de Alberto Fernández en seguros y la denuncia de Lilita Carrió sobre YPF, celebrando avances en Vialidad que llevó a condena de Cristina Fernández de Kirchner, pero exigen criterios uniformes sin favoritismos políticos.
Se menciona la colaboración de gobiernos anteriores como Cambiemos en auditorías y se destaca la impunidad general, con un promedio de 14 años por juicio y solo 1% de condenas en corrupción.
El debate subraya la falta de voluntad en fiscales y jueces, proponiendo auditar tiempos judiciales y reformar el Consejo de la Magistratura para mayor transparencia en designaciones.