La Cámara de Casación anuló la confirmación del procesamiento de Alberto Fernández en la causa por corrupción de seguros, ordenando tomar declaraciones testimoniales pendientes propuestas por el propio expresidente, sin declarar su inocencia.
La maniobra involucra un decreto de Fernández que obligó a organismos estatales a contratar Nación Seguros para seguros de trabajadores, generando 3.300 millones de pesos en comisiones a brokers, con el 59% para Héctor Martínez Sosa, amigo del expresidente, vía mensajes en celular de María Cantero.
El caso surgió en Anses con 45 contratos por 25 intermediarios; ahora podría volver a Ariel Lijo, arriesgando procesamientos de empresarios vinculados.
El mismo celular derivó en causa de violencia de género contra Fernández con Fabiola Yáñez, lista para juicio oral según fiscal Ramiro González, pero trabada por recursos del imputado ante Daniel Rafecas.