La Cámara de Casación Penal ordenó reabrir la investigación por la agresión a un jubilado llamado Ramón durante una manifestación pacífica cerca del Congreso, donde policías federales lo empujaron y fracturaron aplicando el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.
La denuncia inicial la presentaron Adolfo Pérez Esquivel y María del Carmen Verdú, y el caso recayó en el juzgado federal de María Servini. Los jueces Alejandro Eslocar y Ledesma votaron por reabrirla, mientras Giacobuzzi se opuso, argumentando que los operativos son disuasorios pero entorpecen la democracia.
María del Carmen Verdú explicó que acusan no solo a cuatro policías sino también a la exministra Patricia Bullrich por dar la orden, ya que fallos previos justificaban la acción como lícita bajo el protocolo.