Organizaciones sociales y piqueteros realizan asambleas y marchas en Puente Pueyrredón, Avellaneda, reclamando al gobierno el cumplimiento de la reinstalación y aumento de planes sociales.
La justicia obligó al Ejecutivo a reanudar los programas de asistencia social con tareas en comedores y merenderos, afectando a 950 mil personas con 78 mil pesos mensuales, pero el gobierno apeló el fallo.
Eduardo Belliboni, de Pueblo Obrero, advierte que es una medida de fuerza ante la apelación gubernamental, destacando impacto económico en economías regionales como Chaco con 3.300 millones de pesos.
La policía y prefectura impiden el acceso al puente; no marcharán hoy, pero velan armas por posibles demoras judiciales similares a casos de discapacidad, salud y universidades.