Constitucionalistas consultados por La Nación coinciden en que no existe impedimento legal para que un funcionario como Manuel Adorni dé su versión de los hechos a la ciudadanía antes de declarar en sede judicial. Panelistas destacan el caso de Demian Reidel, quien se presentó espontáneamente ante la Justicia con documentación sobre gastos en tarjeta corporativa, contrastando con la actitud de Adorni.
Ricardo Gilavera, presidente del Colegio Público de Abogacía de la Capital Federal, afirma que no hay obligación legal que impida a un funcionario hablar públicamente antes de judicializarse. Se compara con reclamos previos a Cristina Fernández de Kirchner para que explicara causas en su contra, cuestionando la demora de Adorni en aclarar su patrimonio pese a prometerlo.
En la reunión de gabinete, Javier Milei respaldó firmemente a Adorni con tono firme, defendiendo incluso el impacto en su familia, y habría dicho que hará lo correcto sin importar el costo político. Panel critica la falta de explicación sobre pagos en efectivo y omisión de viaje a Aruba, simbolizando contradicción con la austeridad gubernamental.
Adorni dialogó con Matías Tabar, contratista de su departamento, ofreciéndole apoyo legal por su posición de poder, pero evitó obstruir la Justicia. Cristina Pérez revela que rechazó viajar con Adorni al exterior por su rol público. Debate sobre memes y memificación del caso, que banaliza el escándalo y complica su rol como vocero.
Clase media observa críticamente el caso por falta de transparencia institucional, pese a consensos sobre rumbo económico de Milei. Se menciona malestar en gabinete, pero nadie se atrevió a cuestionarlo directamente al presidente.