Estudiantes y docentes protagonizan la cuarta marcha federal universitaria contra el incumplimiento de la ley de financiamiento aprobada por el Congreso pese al veto presidencial, con recortes de 78 mil millones de pesos a universidades y 3 mil millones al CONICET.
En el panel, el decano de Derecho UBA Leandro Vergara destaca que su facultad ocupa el puesto 34 mundial en ranking QS, primera de Latinoamérica pese a la falta de presupuesto, y defiende la gratuidad limitada al 4% de estudiantes extranjeros. El subsecretario Alejandro Álvarez argumenta costos elevados como 400 millones por egresado en UNA, bajas tasas de egreso, extranjeros no cobrados por ideología y auditorías limpias de AGN, anunciando un micrositio con datos.
El rector de la UNR Franco Bartolacci denuncia caída del 45% en transferencias desde 2023 y 70% de trabajadores educativos bajo 650 mil pesos mensuales, exigiendo cumplir la ley hace 203 días. El debate se calienta con acusaciones de profesores ausentes, choferes privados y corrupción pasada, mientras panelistas claman por diálogo ante gasto educativo histórico al 0,4% del PBI.
Desde la Facultad de Medicina UBA, la docente Marena Lillo revela cobrar 250 mil pesos por 10 horas semanales con 13 años de antigüedad, y estudiante Malena suma tres trabajos para 750 mil pesos. Denuncian deserción estudiantil (de 10 mil a 1.500 en cuarto año), laboratorios CONICET en crisis, hospitales con atención reducida al 50%, edificios en riesgo de derrumbe, carreras virtualizadas y docentes ad honorem.
Los movilizados insisten en aplicar la ley para salarios, becas congeladas en 35-75 mil pesos y mantenimiento, recordando que ganaron la norma en la calle y convocan a toda la sociedad a la marcha de las 17 horas en Plaza de Mayo y provincias.