El panel discute la necesidad de cumplir la ley de financiamiento universitario antes de debatir arancelamiento o auditorías, criticando al gobierno por sentarse sobre el presupuesto aprobado por el Congreso.
Pablo Álvarez defiende las auditorías pero señala que ya se hicieron sin hallazgos graves, y enfatiza que los estudiantes y docentes no deben pagar el desfinanciamiento. Propone discutir modelos de universidad pública como en países modelo, pero prioriza el Estado de Derecho.
Rechaza la idea de batalla cultural del gobierno de Milei contra las universidades, vistas como formadoras ideológicas, y llama a priorizar empleo y exportaciones sobre ideologías.
Insiste en que el gobierno debe encontrar fondos para la universidad como patrimonio nacional, dispuesto a reformas pero no a su estrangulamiento.