El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una ofensiva contra la corrupción tras declarar victoria en su guerra contra las pandillas, que ha dejado 91.000 detenidos. Desde marzo de 2022, se implementa un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, lo que ha generado denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por parte de organismos humanitarios.
Bukele afirmó que, tras derrotar a las pandillas, la siguiente etapa es combatir la corrupción, el raterismo, el contrabando, la evasión fiscal, las estafas y la contaminación ambiental. La oposición critica la falta de transparencia en la rendición de cuentas y la reserva de información sobre los presos.
Varios países latinoamericanos buscan replicar la política de seguridad de Bukele, a pesar de las críticas internacionales sobre el régimen de excepción.