La discusión sobre la ejecución patrimonial en la causa Vialidad se centra en 19 propiedades de Máximo y Florencia Kirchner, herencia de Cristina Kirchner en 2019.
El Tribunal de Juicio argumenta que los bienes incorporados al patrimonio de los acusados entre 2003 y 2015, período de la maniobra fraudulenta, pueden ser objeto de decomiso.
La defensa de la expresidenta busca evitar la ejecución mediante una queja ante la Corte Suprema, mientras se debate si el decomiso debe ser solidario entre los nueve condenados, incluyendo a la familia Kirchner y Lázaro Báez.