El jefe de gabinete, Manuel Adorni, y su esposa se adhirieron al régimen de inocencia fiscal, generado controversia debido a un presunto incremento patrimonial injustificado. Adorni, quien promovió la ley, ahora la utiliza para evitar explicar el origen de su patrimonio, incluyendo una propiedad comprada en efectivo y viajes al exterior.
El régimen de inocencia fiscal permite declarar dinero sin necesidad de explicar su procedencia, lo que ha sido criticado como una forma de blanqueo de capitales para funcionarios. Se cuestiona cómo Adorni, que antes promovía la austeridad, ahora se enriquece mientras la población se empobrece.
La situación se agrava al recordar que Adorni afirmó tener sus cuentas en orden y que su declaración jurada estaba lista, contradiciendo su posterior adhesión al régimen. La ley, aprobada por su gobierno, parece ser utilizada para ocultar enriquecimiento ilícito, generando indignación en la sociedad y especialmente en quienes votaron al gobierno actual con la promesa de combatir la corrupción.