El vocero presidencial Manuel Adorni y otros funcionarios se adhirieron a un régimen simplificado de ganancias, lo que genera controversia dado que algunos están bajo investigación judicial.
La ley, aprobada este año, permite a los funcionarios públicos adherirse a este régimen sin necesidad de explicar el origen de sus fondos. Adorni y su esposa, Betina Ageletti, junto a otros como Federico Sturzenegger y senadores, se inscribieron, lo que levanta sospechas sobre la justificación patrimonial.
Analistas señalan que esta medida podría ser una forma de evitar la revisión de sus declaraciones juradas anteriores por parte de la AFIP, creando un "tapón fiscal". Si bien legalmente es correcto, se cuestiona éticamente la adhesión de funcionarios investigados.
Se especula que Adorni podría argumentar que sus fondos provienen de inversiones en criptomonedas, aunque esto también debería estar declarado. La justicia continúa investigando el posible enriquecimiento ilícito, independientemente de la adhesión al régimen fiscal.