Se cuestiona la decisión del Congreso de la Nación de votar una ley de "inocencia fiscal" que permite a los funcionarios del gobierno realizar blanqueo de capitales. Se argumenta que, si bien ha habido numerosos blanqueos en Argentina, es inaceptable que los funcionarios públicos se beneficien de ellos.
Se considera que esta medida contradice los principios básicos de transparencia y equidad, y que debería ser obvio que los funcionarios no pueden acceder a este tipo de beneficios. La aprobación de esta ley genera dudas sobre la integridad del proceso legislativo y la ética de los representantes.