Se cuestiona la actuación de la justicia en casos de corrupción y evasión fiscal, sugiriendo un posible sesgo político en sus decisiones. Se compara la situación de Adorni con la de otros políticos, como Cristina Kirchner, argumentando que las pruebas y el tratamiento judicial varían según la afiliación política.
Se discute si la Ley de Inocencia Fiscal, que permite regularizar activos no declarados, tiene o debería tener implicancias en el orden penal. Se señala que, si bien la ley busca facilitar la regularización fiscal, no necesariamente interrumpe las causas penales en curso, como podría ser el caso de Adorni.
Se enfatiza que la diferencia en el tratamiento judicial podría radicar en el cambio de criterios más que en la existencia de pruebas, y se menciona la importancia de la declaración jurada de Adorni como un elemento clave a futuro.