El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada, autoincriminándose en un delito penal económico. Este hecho ha generado un fuerte revuelo político y judicial, con una reunión de mesa política convocada para abordar la situación.
Adorni admitió tener dinero "en negro", aunque intentó justificarlo como un error arrastrado desde su actividad privada, anterior a su cargo público. Sin embargo, sus explicaciones han sido ampliamente cuestionadas por su inconsistencia y por contradecir declaraciones previas ante el Congreso.
La situación se agrava por las contradicciones en sus explicaciones sobre el origen y el uso de sus fondos, incluyendo préstamos de jubiladas y adquisiciones de propiedades. Expertos legales señalan que Adorni podría enfrentar cargos por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, a pesar de acogerse a regímenes de blanqueo fiscal.