El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, promulgó una ley que regula los estados de excepción, en medio de bloqueos y protestas en todo el país. Si bien el mandatario apuesta por el diálogo, no descarta la aplicación de decretos supremos para implementar la regulación.
Opositores y organismos de derechos humanos advierten que la ley podría otorgar impunidad a las fuerzas de seguridad y afectar garantías ciudadanas. Juristas cuestionan la definición de conductas punibles y la falta de límites claros, mientras los manifestantes se declaran dispuestos a resistir cualquier represión.