Un informe de especialistas internacionales alertó sobre irregularidades en la privatización impulsada por el gobierno de Javier Milei. Se detectó direccionamiento en el proceso, conflicto de intereses de los funcionarios evaluadores, costos inflados y la creación de tarifas artificialmente elevadas.
Estas tarifas superan significativamente las de un proceso idéntico que fue anulado el año pasado, lo cual genera preocupación sobre la transparencia y legitimidad de la actual licitación. El informe señala que el costo de este proceso es de aproximadamente 300 millones de dólares anuales.