El fallo Adolfo Badaro de 2002-2006 sentó un precedente al ordenar un aumento del 88,7% en jubilaciones que no habían sido actualizadas.
Actualmente, la situacion de los jubilados es peor que en la epoca del fallo Badaro, con una pérdida de poder adquisitivo significativa.
Se espera que la Corte Suprema ordene al Estado compensar estas perdidas.