José López, exfuncionario kirchnerista, busca reducir su pena de 13 años de prisión mediante la realización de cursos en la cárcel, amparado en la ley de estímulo educativo. Solicitó una reducción de cuatro meses por haber completado dos cursos de "auxiliar de marketing de productos y servicios".
El juez Jorge Gómez rechazó inicialmente el pedido, pero la decisión escaló a la máxima instancia penal. El caso reabre el debate sobre la aplicación de esta ley a delitos de corrupción, planteando si es un beneficio adecuado para condenados por hechos de esta gravedad.
La discusión se centra en si la ley, pensada para la reinserción social, se está utilizando como un artilugio para evadir responsabilidades. Se recuerda el caso de López, quien fue detenido con 9 millones de dólares, euros, armas y joyas, en un hecho vinculado a la causa de los cuadernos y a presuntas coimas.