Se discute la aplicacion de la Ley de Etica Publica ante las confesiones de Manuel Adorni. Si bien la ley contempla sanciones como amonestacion, suspension o destitucion, no establece la obligatoriedad de desvincular al funcionario.
Se senala que la decision final sobre la permanencia de Adorni en su cargo recae en el presidente Javier Milei y en Karina Milei. A pesar de las confesiones de delitos, no habria una obligacion legal de removerlo, dejando la situacion en manos de la voluntad politica.
Se expresa la opinion de que, independientemente de las sanciones legales, la permanencia de Adorni en un cargo publico despues de admitir delitos seria inaceptable y perjudicial para la imagen del gobierno.