El delito de omisión maliciosa en la declaración jurada de un funcionario público podría acarrear una pena de hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.
Esta figura penal se configura cuando un funcionario miente u omite datos relevantes en su declaración jurada. Si bien la pena de prisión es excarcelable, la inhabilitación perpetua representa un obstáculo significativo para continuar en la función pública.
En el caso del Jefe de Gabinete, una condena por este delito implicaría un problema grave para la administración de Milei, además de las consecuencias personales y administrativas.