Se reitera que la Ley de Etica Publica contempla sanciones administrativas, incluyendo multas, suspensiones y destitucion, para aquellos que infrinjan sus disposiciones. Se senala que la ley establece la posibilidad de despido del cargo publico.
Se enfatiza que Manuel Adorni se encuentra en una situacion de "confeso", lo que deberia facilitar la aplicacion de sanciones. Sin embargo, se advierte que la decision final sobre la destitucion recae en la voluntad del empleador, es decir, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta.
Se concluye que, si bien la ley ofrece un marco para sancionar las faltas, la aplicacion de estas sanciones depende de la voluntad politica de los mas altos cargos del gobierno.