Se enfatiza la contradicción entre la declaración pública del jefe de gabinete ante la Cámara de Diputados, negando ocultamiento, y su posterior reconocimiento de no haber mostrado todo en su declaración jurada.
Se mencionan las investigaciones judiciales en curso por enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles, señalando que la declaración jurada y sus correcciones no cierran la cuestión judicial, la cual continuará con las indagaciones del juez Lijo y el fiscal.