Se cuestiona la legitimidad del gobierno actual, que prometió combatir la corrupción y la mentira, frente a las acciones de Adorni. Se califica la situación como una contradicción flagrante con los principios proclamados.
Se señala que la sociedad argentina podría no tolerar la mentira por parte de sus funcionarios, especialmente cuando el propio presidente ha hecho de la verdad y la lucha contra la corrupción pilares de su gestión.