Se argumenta que la situación de Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, representa un problema político de gran magnitud para el gobierno.
Se considera que la discusión sobre si "todo el mundo hace transacciones en negro" es una distracción y que el foco debe estar en la credibilidad del jefe de gabinete.
Se critica la lentitud de Adorni en acordarse de su dinero en negro y su posterior justificación, calificándola de "raro".