El FMI ha solicitado al gobierno argentino que aumente los impuestos, pero surge la controversia sobre la evasión fiscal por parte de funcionarios públicos, incluyendo a Adorni, quien habría evadido impuestos antes y durante su gestión.
Esta situación genera incredulidad y malestar en la población, que lucha por cumplir con sus obligaciones fiscales. Se cuestiona la legitimidad de pedir más impuestos a los ciudadanos cuando existen antecedentes de evasión en la propia administración.
La clase media, que ha optado por ahorrar en negro, también se ve afectada. Se critica que un funcionario público no pueda dar el ejemplo en el pago de impuestos, especialmente si tiene antecedentes de evasión.