En Estados Unidos, la política de electromovilidad presenta disparidades significativas. California lidera la adopción de autos eléctricos, impulsada por políticas regulatorias estrictas y el apoyo de su gobernador, Gavin Newsom, opositor a Trump.
Sin embargo, la administración Trump ha tomado medidas para frenar estas políticas, incluyendo intentos de invalidar la "determinación de peligro" de la EPA, que establece que las emisiones de CO2 dañan la salud pública. Esta determinación es la base legal de la política climática estadounidense.
La eliminación de la determinación de peligro se considera anticonstitucional y ha generado demandas por parte de varios estados ante el Tribunal Supremo. La decisión final podría impactar el futuro de la política climática en el país, a pesar de la creciente evidencia científica sobre el cambio climático.