Se cuestiona la posibilidad de que funcionarios públicos puedan adherirse al régimen de "Inocencia Fiscal", a diferencia del blanqueo de Macri que los excluía. Legisladores como Lústo y Talerico expresan preocupación por esta aparente puerta abierta a la legalización de patrimonio no declarado por parte de funcionarios.
Se argumenta que la igualdad ante la ley debería prevalecer, pero el acceso de funcionarios a estos regímenes podría generar un precedente negativo y manchar la imagen del gobierno. La falta de definición clara y la incertidumbre tributaria asociada a estos instrumentos son vistas como perjudiciales para la política económica y la credibilidad del gobierno.