La renuncia de Paul Stark a la UIF (Unidad de Información Financiera) se debió a desacuerdos con la política fiscal del gobierno. Según se expone, se pretendía que Stark emitiera un certificado de inocencia para ciertos procesos, lo cual él se negó a hacer por considerarlo irregular y potencialmente incriminatorio.
Se cuestiona la transparencia de funcionarios como Lijo y Maíque, quienes habrían viajado a París para reunirse con el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), a pesar de que las acciones del gobierno parecerían ir en contra de las normas de dicho organismo.
Se sugiere que la renuncia de Stark fue motivada por el temor a ser implicado en actividades ilícitas al avalar ciertas operaciones fiscales, y se critica la postura de quienes ahora deben explicar esta situación en foros internacionales.