Se describe una compleja estructura de poder en Córdoba que involucra a la justicia, la policía provincial, la justicia federal y las fuerzas de seguridad, lo que dificulta el avance en las investigaciones.
Se menciona que el gobierno actual se ha montado sobre estructuras preexistentes, lo que implica que las dinámicas de poder se mantienen a pesar de los cambios políticos.
Se sugiere que el fiscal está intentando desarticular esta estructura de poder, pero que el proceso es lento y complejo debido a los intereses arraigados en la provincia.