Se critica la "inocencia fiscal" propuesta por el gobierno, calificándola como una ley hecha a medida para encubrir evasores, especialmente para la clase media alta y funcionarios. Se argumenta que esta medida busca facilitar el blanqueo y dificultar la labor del fisco (ARCA).
Se explica que la inocencia fiscal presumiría la buena fe del contribuyente, limitando las revisiones del fisco sobre consumos y variaciones patrimoniales. Se señala que, a diferencia del monotributista o el trabajador en relación de dependencia, este régimen beneficiaría a quienes facturan anualmente hasta mil millones y tienen un patrimonio de hasta diez mil millones, eliminando límites en la versión que se discute en el Congreso.