Se critica la ley de "inocencia fiscal" por considerarla un "blanqueo popular permanente" que en realidad no beneficia al ciudadano común, sino a la clase media alta y a los funcionarios. Se argumenta que esta ley ciega al ARCA (la agencia tributaria) para detectar evasión fiscal y permite que los funcionarios blanqueen activos sin que se les investigue el patrimonio de años anteriores.
Se detalla que la ley de inocencia fiscal impediría al fisco fiscalizar consumos y variaciones patrimoniales, facilitando que quienes evaden impuestos no sean detectados. Se compara con el régimen de bienes personales y se cuestiona por qué se otorgan beneficios a los evasores y no a sectores vulnerables como jubilados o personas con discapacidad.