Se investiga la legalidad de los viajes del presidente y la presunta recaudación de dinero a través de pagos a funcionarios por su presencia en foros internacionales.
Se plantea que recibir sumas millonarias por estas "presencias" podría ser ilegal y que la estructura detrás de estos pagos es cuestionable.
Se sugiere que estos viajes y pagos podrían ser una forma de "recaudación" encubierta, y que un funcionario no podría recibir tales sumas sin incurrir en ilegalidad.
Se menciona el caso Adorni y se especula si se "cortó solo" o si actuaba en el marco de una estructura más amplia, vinculada a los viajes presidenciales y la obtención de fondos.