La justicia investiga a Adorni por inconsistencias en su declaración jurada, donde se investiga la compra de criptomonedas y un somier. La justicia le exigirá que pruebe palabra por palabra cada transacción.
El problema judicial de Adorni es a mediano plazo, pero el problema político inmediato es la gestión. Martín Menem debe habilitar una sesión en la Cámara de Diputados para tratar el acuerdo con los bonistas, que de no aprobarse, se caería y generaría un perjuicio de 170 millones de dólares.