Se analiza la delgada línea entre la vida privada de los funcionarios públicos y la información de interés público, especialmente en casos de presunta corrupción o gastos cuestionables.
Se argumenta que la salud de un presidente es una "cuestión de Estado", y que gastos exorbitantes o movimientos patrimoniales de funcionarios (como los supuestos 9 millones de pesos en sábanas de Adorni, o las mansiones de Cristina Kirchner) dejan de ser privados para convertirse en materia de interés público y escrutinio periodístico.