Se denuncia que Adorni nombró a 249 personas mientras echaba a empleados estatales. Según registros de Ate, estos ingresos propuestos por Adorni implican un costo superior a los dos millones y medio de pesos en promedio por cada caso.
Se cuestiona la comunicación económica del gobierno, sugiriendo que el nombramiento de ñoquis no fue el pie indicado para iniciar una nueva etapa comunicacional.