La Cámara Nacional Electoral revocó un decreto que permitía obtener la ciudadanía y sus beneficios mediante una resolución administrativa de la Dirección de Migraciones, basada en una inversión considerada razonable. La Cámara determinó que no se pueden legislar derechos políticos por decreto, sino que debe intervenir el Congreso de la Nación.
Este análisis se dio a raíz del caso de un ciudadano chino al que se le había rechazado el pedido de ciudadanía por tener un pedido de expulsión. La Cámara Nacional Electoral, al analizar este caso, decidió revisar el decreto y dictaminó su inconstitucionalidad en materia de derechos políticos. Por lo tanto, quienes deseen acceder a la ciudadanía y convertirse en votantes deberán seguir el trámite ordinario ante la justicia federal.