El gobierno de Javier Milei continúa con el recorte de personal en organismos estatales, argumentando la necesidad de ajustar y optimizar recursos. Sin embargo, esta política ha generado preocupación por el impacto en áreas sensibles como la ciencia y la tecnología.
Los trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, denuncian despidos que afectan al 20% de su personal, a pesar de tratarse de profesionales altamente capacitados. Se argumenta que esta medida no contribuye a la baja de la inflación ni a la salida de la crisis, sino que, por el contrario, aumenta la dependencia del país y limita sus herramientas de desarrollo.
La situación se asemeja a casos anteriores, como el del Hospital Garrahan, donde los recortes en personal administrativo derivaron en protestas de personal médico y la afectación de salarios. La crítica se centra en que estas medidas no solo no resuelven los problemas económicos, sino que además desmantelan estructuras esenciales para el progreso del país.