Se debate la ética de funcionarios que critican la "casta" mientras acceden a créditos ventajosos, comparando sus situaciones con la de otros ciudadanos.
Se menciona el caso de Martín Porro, titular de la CONEA, y su presunta vinculación con créditos, así como la situación de Adorni y otros funcionarios.
Se discute si la obtención de créditos por parte de funcionarios es ilegal o si representa un tráfico de influencias, especialmente cuando se obtienen en condiciones que no estarían disponibles para el ciudadano común.
Se señala la contradicción entre el discurso anti-casta y las acciones de ciertos funcionarios que parecen beneficiarse de sus posiciones, generando cuestionamientos morales.