Se cuestiona la actuación del juez Lijo, propuesto por el gobierno para la Corte Suprema, quien habría viajado al Gafi mientras se lo investiga. Esto ha llevado a un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.
Se critica la falta de aplicación de códigos de ética y reglas, considerándolos ineficaces ante la gravedad de los escándalos de corrupción que involucran a jueces y funcionarios.