La Cámara Electoral revocó definitivamente un decreto de necesidad y urgencia de 2025 que otorgaba a la Dirección de Migraciones la potestad de conceder la ciudadanía. La decisión se basa en que este tipo de cuestiones afectan la competencia electoral y alteran el orden constitucional.
La Cámara Electoral entiende que no corresponde al Poder Ejecutivo intervenir en estas materias, sino que deben ser resueltas en el ámbito judicial. La decisión revoca una resolución de primera instancia.
Se menciona específicamente el decreto 366, aludiendo a que el trámite se inició con anterioridad a su vigencia y que se trata de cuestiones técnicas. El fallo subraya la necesidad de mantener el criterio de que estas decisiones exceden las facultades del Poder Ejecutivo.