Se critica la politización de la justicia en Argentina, donde las designaciones de jueces a nivel nacional y provincial parecen garantizar la impunidad en lugar del acceso a la justicia. Se menciona la negociación entre el gobierno y los gobernadores para la aprobación de jueces.
Se expone un entramado de favores y presiones, incluyendo la situación de jueces como Bruglia y Bertucci, quienes habrían procesado a figuras como Santiago Viola (actual viceministro de Justicia) por supuestos testigos falsos contra el juez Casanelo. Se cuestiona la transparencia en la elección de jueces y la posible influencia del poder político en el Consejo de la Magistratura.