Se cuestiona cómo los funcionarios públicos pueden mantener un nivel de vida que no se corresponde con sus sueldos oficiales. El caso Adorni, con sus gastos y el uso de tarjetas, es un ejemplo de esta discrepancia.
Se sugiere que debería haber una mayor transparencia en cuanto a los ingresos y gastos de los funcionarios. La precariedad institucional en el gobierno es un tema que surge a raíz de estas situaciones, donde se duda si los funcionarios acceden a información confidencial sin la debida justificación o respaldo.