Se discute la propuesta de considerar la inflación como un delito para mejorar la transparencia y combatir la corrupción.
Se argumenta que la desregulación de mercados, al achicar el Estado, también ataca la corrupción, aunque no sea una política de transparencia institucional directa.
Se reitera el compromiso del presidente Javier Milei de apartar a cualquier funcionario involucrado en actos de corrupción confirmados judicialmente.