Las propiedades de los condenados en el Caso Vialidad pasarán a ser administradas por la Corte Suprema de Justicia. La Corte decidirá si estos bienes son funcionales para la justicia, organizaciones sociales u organismos del Estado, o si deben ser rematados para saldar las deudas.
Se menciona la situación de hoteles de la familia Kirchner, algunos de los cuales llevan años cerrados, planteando dudas sobre su utilidad y destino. El objetivo es que el dinero obtenido por la venta de estas propiedades ingrese al Poder Judicial.