Se cuestiona la continuidad de los privilegios para Manuel Adorni, como el auto y la custodia, a pesar de haber dejado su cargo como funcionario. Se argumenta que estas prebendas deberían ser ordenadas por un juez en caso de amenazas comprobadas, y no mantenerse de forma discrecional.
La situación de Adorni se presenta como un desprecio por la legalidad, ya que se le siguen otorgando beneficios que el propio gobierno prometió quitar a los funcionarios. Se sugiere que el objetivo es mantenerlo "cómodo" y evitar que se sienta solo, pero esto genera un fuerte contraste con el discurso oficial de austeridad.